martes, 20 de diciembre de 2011

VALORACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA DE LA PARTICIPACIÓN


Internet, es conocida como la RED de redes y es la más potente herramienta para la comunicación y la difusión de la información. Por ese motivo desde los primeros momentos se tomó la decisión de abrir la Web: www.uam.es/aguasubterranea

En ella se volcó toda la información respecto a los objetivos del Grupo, método de trabajo e información de las convocatorias de las reuniones públicas. Se colgó en ella los documentos de trabajo para someterlos a consulta y se recogieron propuestas y sugerencias sobre los mismos. Para facilitar el trabajo de consulta y documentar a las personas interesadas, se colgaron los principales documentos de gestión e información del agua: Leyes, directivas, reglamentos, etc.

Además de las reuniones limitadas a un colectivo concreto, se realizaron reuniones abiertas a todas las personas interesadas que se anunciaron en la Web, aparte de la información más directa a través de los nodos de la red de comunicación con organismos y colectivos interesados.

Las convocatorias en Web se agruparon por meses, realizándose hasta dos reuniones por mes en lugares geográficos diferentes.

Tras los debates en las reuniones se generaron documentos que en sucesivas aproximaciones se enriquecían en contenido, consolidándose algunas propuestas o rechazándose otras. Algunos eran comentarios o propuestas concretas de un colectivo; p.ej. Regantes del Poniente Almeriense u Organizaciones ecologistas. Todas las propuestas o sugerencias recibidas han sido consideradas, sometidas a debate y agrupadas para su inclusión en la propuesta de reforma de la Ley de Aguas, reglamento o acciones de acompañamiento.

Desde la activación de la página Web a comienzos de febrero del 2005 hasta el 30 de enero de 2006, el número de páginas vistas totales ha sido de 7.427 y el de visitas únicas totales de 3.685.

Se registró una página vista cada vez que la Web se cargaba o se recargaba desde un navegador de algún visitante. Los visitantes únicos se calcularon para cada periodo, un visitante que navegaba durante una hora por la Web lo contabilizamos como un visitante único en este periodo recorriera por las páginas vistas que recorriera.

El número de contactos registrados a través de la Web, para pedir información o realizar algún tipo de consulta ha sido de 89. 

Estas cifras dan idea del alcance de la difusión en un colectivo relativamente reducido de profesionales y personas interesadas por la gestión del agua subterránea, así como de la calidad de la información ofrecida.





Figura 1. Tráfico de consultas a la Web en el mes de enero del 2006.

El análisis normativo que ha realizado el Grupo de Trabajo de Aguas Subterráneas ha procurado una revisión de una parte importante del articulado de cuatro normas claves en la política del agua, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento de la Administración del Dominio Público Hidrológico, el Reglamento de Planificación del Dominio Público Hidrológico y la Ley del Plan Hidrológico Nacional principalmente.

Podemos afirmar que la Administración ha obtenido un importante beneficio para la comprensión de las necesidades objetivas de los sectores implicados pero también ha emprendido un camino por donde canalizar las demandas sociales e implementar, en valor social, las iniciativas legislativas que han de tramitarse ante los respectivos poderes públicos. Así podemos deducir de las palabras del Profesor  D. Antonio Embid[15] “Esta administración no tenía tan claro que iba a hacer en materia de las aguas subterráneas. Poco a poco, escuchando, ha ido formándose su opinión. Los regantes se dan cuenta qué tienen enfrente…creo que es un éxito y que dará sus frutos.”

Estamos pues ante un importante cambio de convicciones y también ante un importante cambio de modos, cambios que de continuar en el tiempo representaría una nueva cultura en la gestión pública. Los paradigmas, no suelen cambiar de la noche a la mañana, son rumbos que se consolidan entre avances y retrocesos pero la inflexión muestra que es posible. “…( el cambio de paradigma)… son difíciles de visualizar día a día.” (…) “Es evidente que estamos en un proceso de cambio muy importante, la sociedad es cada vez más participativa.”,  D. Jesús Yagüe[16].

En definitiva, se constata que, la experiencia del Grupo de Trabajo de Aguas Subterráneas, ha representado un importante cambio en la conducta de reflexión política para la Administración Pública del Medio Ambiente, que esto provee de elementos suficientemente significativos para, de continuar, consolidar un cambio en la dirección de una Nueva Cultura del Agua y que la presencia del Grupo supone también un importante papel de mediación en los procesos de construcción de las demandas sociales y su canalización hacia la Administración y su tramitación ante los poderes públicos.


ACTORES Y/O SUJETOS PARTICIPANTES


Los actores que han participado en la elaboración de las propuestas para la reforma de la Ley de Aguas en materia de aguas subterráneas, representan a diferentes colectivos de diferentes sectores sociales y participan directamente en la elaboración, gestión y difusión de un sistema de creencias o concepciones de la política pública. La moderna metodología de análisis de la política pública, Sabatier y Jenkins (opus cit.) vienen aceptando una nueva interpretación del término institución, muy influido por la perspectiva antropológica, que viene a aceptar como tal, tanto a aquellas instituciones, identificadas a través de un conjunto de actores agrupados bajo un determinado fin, dentro de una organización, como a cualquier otro conjunto de actores agrupados en torno a unos valores o sistemas de creencias. Esa misma perspectiva ha venido a enriquecer el análisis de los procesos políticos, permitiendo valorar la capacidad transformadora de los sistemas de creencias, principios o valores de cada uno de los actores coaligados para incidir en la transformación de las estructuras políticas, entendidas como conjuntos o sistemas estables de valores, parámetros socioeconómicos, límites constitucionales o básicos de desenvolvimiento para las políticas públicas.

Así pues, hemos llevado al conjunto de actores; educadores, usuarios, funcionarios, ecologistas, expertos, técnicos y trabajadores del sector, hacia un punto de confluencia desde el cual se ha podido elaborar un documento que sintetiza sus intereses y valores. Un debate social anticipado que aporta al legislador la oportunidad de cristalizar una norma  que fluirá en la práctica de la gestión, pues su aplicación recoge el nivel de acuerdo que existe socialmente, aumentando considerablemente las probabilidades de su utilidad y eficacia. Por tanto, el concepto de intereses es considerado dentro de un amplio espectro discursivo que recoge, no sólo objetivos, fines, sino también procesos reflexivos y de aprendizaje.

En cuanto al sujeto de la participación pública, hay que precisar que la denominación usual en la Unión Europea es la de “público” equivalente al término ciudadano.

El primer pilar de la participación pública es la difusión y acceso a la información ambiental que se establece en el Derecho comunitario con una doble vertiente: de una parte como el derecho subjetivo de cualquier persona física o jurídica a acceder a la información ambiental y, por otra, como las obligaciones de las Autoridades públicas de difundir de oficio la información ambiental y dar acceso a la información de este tipo que le sea solicitada[4].

El segundo pilar es la participación en la toma de decisiones y tiene diversas vertientes que se corresponden con distintas intensidades:

En la elaboración de las políticas relativas al medio ambiente, se contempla únicamente que cada Estado se “esforzará” por brindar al público la posibilidad de participar, sin más concreciones[5].

En la elaboración de normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente, se establece que cada Estado se esforzará por promover una participación efectiva del público en una fase apropiada y cuando las opciones estén aún abiertas. Para ello, exige que se ponga a disposición del público un proyecto de dichas normas y se fije un plazo suficiente para permitirle formular observaciones, ya sea directamente, ya sea por mediación de órganos consultivos representativos. Las observaciones se tendrán en consideración en todo lo posible[6].

En la elaboración de los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, se exige la realización de un informe ambiental y que el público interesado tenga, con la debida antelación, la posibilidad real de expresar, en plazos adecuados, su opinión sobre el proyecto de plan o programa y sobre el informe ambiental, todo ello antes de su adopción. La decisión sobre el plan o programa ha de declarar cómo se han tomado en consideración las opiniones expresadas[7]. Además existen otros planes y programas exigidos por el Derecho comunitario para la protección ambiental que tienen un régimen de participación pública similar[8].

El tercer pilar, es la tutela judicial efectiva ante el incumplimiento de los derechos de participación mencionados. Se trata del derecho generalmente reconocido en las legislaciones de los países de la Unión para todos los derechos judicialmente exigibles. No obstante, viene establecido de forma expresa para el derecho de acceso a la información ambiental solicitada[9], los derechos de participación en los proyectos que sean objeto de evaluación de impacto ambiental[10] y en las instalaciones industriales que sean objeto del control integrado de la contaminación[11].

El sujeto básico de la participación ciudadana es el “público” término que no encontramos definido expresamente en la Directiva Marco de Aguas. Sin embargo, por analogía podríamos definirlo como una o más personas físicas o jurídicas y, de acuerdo con lo establecido en la legislación o la práctica nacional, sus asociaciones, organizaciones o grupos. Esta definición se fundamenta en aplicar por analogía el concepto recogido en la Directiva de evaluación ambiental estratégica[12].

Dentro del público, en términos generales, la Directiva Marco de Aguas[13] distingue las “partes interesadas” y los “usuarios”. El concepto de “partes interesadas” puede equipararse por analogía al concepto de “público interesado”, es decir, el afectado, o que pueda verse afectado, por el acto de que se trate, o que tenga un interés en el mismo. A estos efectos se considera que tienen interés las organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la legislación nacional[14]. El concepto de “usuario” suele utilizarse en el Derecho comunitario para referirse a la persona que usa un determinado servicio o producto, un tipo de consumidor y en este sentido en el que, entiendo, se ha utilizado en la Directiva Marco del Agua. Sin embargo, en el Derecho de aguas español se identifica al usuario con la persona que, por concesión gubernativa o por otro título legítimo, goza un aprovechamiento de aguas públicas, un concepto mucho más limitado.

En definitiva arrastramos, a la hora de definir la participación ciudadana desde el ángulo de los actores, entre actores-usuarios del recurso como activo económico para sus respectivas actividades productivas y los actores de intereses difusos o generales, basados en una preocupación por el uso final del recurso.

El modo en que se desenvolvieron ambas ópticas en la experiencia de participación del Grupo de Trabajo, fue la más amplia. Se convocó, tanto por prensa como por correspondencia a todos los colectivos medio ambientalistas (ONGs, colectivos ecologías) de las zonas donde se desarrollarían las reuniones programadas. Asimismo, las asociaciones de usuarios y regantes, las empresas vinculadas al uso de recurso y las gestoras existentes (sociedades públicas y privadas), así como organismos públicos (Confederaciones Hidrográficas y Agencias nacionales y regionales). Todo ello hizo posible una participación amplia, donde se buscaba ideas principalmente. Cierto que hubo conflictos, choques y disparidad de opiniones pero ello en vez de ser un obstáculo para el debate, lo enriqueció y permitió al Grupo de Trabajo, conocer mejor la realidad y la problemática de los sectores sociales afectados por las normas, trabajo que realizó mediante el procedimiento de las convocatorias en Grupos de Discusión, Talleres o Jornadas.

El propio acto de citar y proponer un tema de alta sensibilidad social representó un trabajo previo de planificación dirigido por la profesora Doctora Dª. Pilar Cisneros quien organizó y preparó la dinámica de las reuniones. Se programaron doce encuentros públicos en Albacete, Almería, Barcelona, Elche (Alicante), Madrid, Murcia, Sevilla y Valladolid, con diversos colectivos implicados en el tema: regantes y usuarios de aguas subterráneas, colegios profesionales, ONG medioambientales, asociaciones profesionales, funcionarios de la administración del agua. Estos colectivos, con la coordinación general centralizada en la Universidad Autónoma de Madrid. 

La tercera fase fue de doce reuniones debate entre los grupos de participación abiertos y libres, con un desarrollo que partía de una primera intervención donde la persona o personas que actuaban como expertos introducían las cuestiones a debatir, dejándose muy clara la necesidad de participar y destacando la importancia que los temas tratados y los debates tendrían para llegar a unas proposiciones de consenso.

Posteriormente se pasaba al debate abierto, asistido por un observador no participante que anotaba los matices de la intervención a fin de asesorar técnicamente para mejorar la participación, en el que los expertos respondían a las sugerencias u objeciones de los participantes informados (ONG medioambientales, asociaciones profesionales, regantes y usuarios de aguas subterráneas, funcionarios de la administración del agua,  investigadores y docentes) con un diálogo distendido entre los propios participantes que también se respondían y se informaban entre sí. Finalmente, se levantaba acta de la reunión, haciendo especial énfasis en los acuerdos.

Luego, estos debates tenían su continuación a través de la Red,  constituyéndose un autentico grupo de tarea. La calidad y significación de esta participación ha merecido ser tratada en un apartado propio. En el estudio se incorpora un resumen del debate en Red, como trabajo de comunicación y consulta continuador de los encuentros presénciales.

En la última fase, se abordó el análisis de los datos de las reuniones participativas, para extraer los puntos de consenso. Y se incorporó el resultado a una traducción jurídica que permitiera su articulado.

Centrando nuestra atención en las actas levantadas en las reuniones abiertas, celebradas en 12 ciudades, significativamente elegidas en medio de las áreas problemáticas para la gestión de las aguas subterráneas (zonas con sobreexplotación de acuíferos, problemas de asociacionismo, áreas de conflictividad social en torno a la problemática del agua, etc… ), pudimos observar que, una vez reducidas las áreas temáticas a cinco categorías principales, como ya se explicó para las reuniones preparatorias del documento base, destacaron significativamente el área de la gestión con un 57% de apuntes, seguida de la protección medio ambiental con un 19% de apuntes y la problemática del conocimiento con un 11%.

Por áreas geográficas, ha sido significativo destacar la sensibilidad que muestra la problemática de la protección medio ambiental en zonas como Alicante, Albacete y Murcia.

La dinámica interactiva se inició desde el primer borrador a partir del cual se organizaron las reuniones que movilizaron a las Asociaciones de Usuarios de Aguas Subterráneas, en primer lugar, y posteriormente a todos los colectivos interesados (administraciones, profesionales, empresas y ONGs vinculadas con la problemáticas de las aguas subterráneas).

Tras cada reunión, se recibieron auténticos aluviones de escritos donde se plantearon toda clase de sugerencias, propuestas y críticas.

Para un análisis de dicha información, localizamos cada uno de los documentos y los estudiamos en el tiempo, partiendo del grupo de cinco categorías que hemos venido utilizando para analizar la dialéctica de los distintos niveles de elaboración y desarrollo del debate (reuniones preparatorias, reuniones abiertas, aportaciones fuera de reuniones) en torno a la reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en materia de aguas subterráneas.

Posteriormente, estos debates tenían luego su continuación a través de la Red,  constituyéndose un autentico grupo de tarea.

En la última fase, se abordó el análisis de los datos de las reuniones participativas, para extraer los puntos de consenso. Y se incorporó el resultado a una traducción jurídica que permitiera su articulado.





INTERMEDIARIOS


Otro de los roles representado por el Grupo de Trabajo ha sido el papel de intermediario[3] para articular el debate entre los distintos actores. En ese sentido deberíamos preguntarnos en qué medida ha podido influir en la expresión del discurso el grado de representatividad, tanto interna, en sus respectivas organizaciones, como externa, la que tienen las organizaciones en los órganos consultivos o deliberativos (Administración Pública, Consejos del Agua), respecto de aquellos otros actores que se representan a sí mismo o que representan a intereses de carácter empresarial o técnico.

Hemos de señalar que desde el punto de vista de la metodología empleada para analizar esta fase del proceso de elaboración de la propuesta normativa, hemos de distinguir en las diferencias conceptuales entre representatividad y participación, pues la participación tiene como principal fin el ejercicio de la reflexión y la crítica y el de la representatividad el ser deliberativa. Ambos conceptos podemos observarlos por separado pero en la práctica son procesos interrelacionados. Antes de que los órganos deliberativos se posicionen respecto a una determinada propuesta, ésta ha de pasar por un proceso reflexivo. Cuanto más y mayor sea la participación en la crítica y la reflexión, mayor puede ser la probabilidad de enriquecimiento informado a la hora de la toma de decisiones.

 Ésta ha sido una de las premisas básicas del trabajo del Grupo y por ello, a través de la distinción de actores e intereses podremos valorar en qué medida se producen cambios desde las posiciones iniciales.



CONOCIMIENTO “ROBUSTO”


 Al ejercicio que exige el conocimiento contrastado y válido de la realidad de las aguas subterráneas, mediante el intercambio de conocimientos y por tanto la práctica de la interdisciplinariedad, hay que añadir la vuelta de rosca que supone, no ya la formación de un conocimiento fiable, sino la búsqueda de un conocimiento “robusto”[2], un conocimiento que además de satisfacer los criterios de validez y fiabilidad científicos necesita de la aprobación social, es decir un conocimiento que más allá de los marcos analíticos de las ciencias, aporte valores y criterios útiles para la toma de decisiones y la eficacia de las medidas a desarrollar en relación con la gestión de los acuíferos. Nos referimos al conocimiento transdisciplinar, el conocimiento que precisa de la experiencia no estructurada teóricamente, pero cierta y vívida, de quienes tienen contacto directo con la realidad observada, los colectivos de usuarios y los grupos sociales preocupados por el estado real, actual y futuro del agua subterránea.

La experiencia del Grupo de Trabajo, tiene importantes paralelismos con esas estructuras planas, donde se intercambian ideas desde diferentes disciplinas y distintos colectivos sociales implicados en el objeto de conocimiento, y por lo tanto, aspira a cristalizar, a través de un texto normativo alternativo, la reflexión social y experta llevada a cabo.

La articulación de la participación en el proyecto encomendado, representó la movilización de un amplio colectivo social, la organización de encuentros en múltiples ciudades donde la sensibilidad a la problemática del agua subterránea era manifiesta, así como a empresas, organizaciones públicas y  el público en general.


LAS COALICIONES PROMOTORAS


Los términos de “Advocacy coalition” han sido traducidos al castellano como coaliciones promotoras. La dificultad de haber elegido dicha traducción obedece a las acepciones que tiene el término coaliciones en el lenguaje de la Ciencia Política, claramente relacionado con los procesos políticos protagonizados por las fuerzas políticas y las diferentes fórmulas para actuar en la formación de gobiernos o en la acción conjunta por parte de dichas fuerzas en distintas administraciones públicas.

Con el término “promotoras” también pueden surgir susceptibilidades ya que es un término más vinculado al mundo empresarial o económico financiero.

Lo cierto es que una traducción literal del término “Advocacy coalitions” (coaliciones de defensa) no representa adecuadamente el conjunto de contenidos con los que se quiere expresar el funcionamiento de los actores.

Así pues se opta por recoger dos conceptos que, conjuntamente, expresan, de una parte, por coaliciones, se entiende la acción conjunta de varios actores que confluyen puntualmente. Por otra parte, el término promotoras, viene a recoger el conjunto de deseos, proyectos, confianzas o ideas en las que se cree y se aspira llevar a la práctica. Partiendo de esos significados generales, no podemos por menos que reconocer que tales agrupamientos tienen como principal elemento de unidad el sistema de creencias o principios, siendo los más significativos para la cohesión de las coaliciones, aquellos más generales y que afectan a elementos más básicos de la convivencia, pero de los que participan, como hemos señalado más arriba, aquellos otros niveles discursivos que igualmente polarizan la acción y posicionan a los actores en las respectivas coaliciones.


No hay que olvidar que el término coalición no supone un acuerdo tácito o acto explícito de acción conjunta, se trata, fundamentalmente de una confluencia por medio del sistema de creencias, si bien es cierto que en la forma de uno de los actores más estudiados, los partidos políticos, estas acciones suelen ser el producto de una negociación formal entre distintas organizaciones.

Así, llegamos a preguntarnos cómo han actuado estos factores en el subsistema de la política pública del agua.



SISTEMA DE CREENCIAS


Para llevar a cabo sus objetivos, los actores se valen de un discurso en el que podemos distinguir tres fases o niveles: Un primer nivel donde el discurso se mantiene en la exposición de valores y principios fundamentales, vinculados a criterios ideológicos o a cuestiones básicas de la convivencia. En el debate parlamentario acaecido entre la década de los noventa y principios del 2000 se pudo apreciar dicho nivel cuando las posiciones políticas que defendían los partidos políticos se polarizaron en torno a  cuestiones como “vertebración del Estado”, “igualdad de derechos”, “tarea histórica del desarrollo”, como fue el conjunto de valores sobre los que se manifestaron principalmente los partidos conservadores, tanto de ámbito estatal o regional (PP, CiU, PNV, CC.). A su vez los partidos de la izquierda se expresan en torno a valores como, “sostenibilidad”, “equilibrio ecosistémico”, “igualdad social” o “democracia participativa”. (PSOE, IU, partidos de la izquierda regionalista y nacionalista). Dichas polarizaciones se suelen expresar junto a un alto nivel de desacuerdo, contribuyendo muy poco a cualquier aproximación de las posiciones.

            El estudio realizado mediante unidades de texto o análisis de contenido, del debate parlamentario arrojó una correlación negativa entre las expresiones de dicho nivel (1er nivel) dedicadas a conceptos o ideas globales y las relativas a distintos pronunciamientos sobre el acuerdo o la negociación.

Otra de las características del cuerpo de ideas de primer nivel es la de constituir el principal elemento de unión de las coaliciones, en el sentido amplio del término, es decir conjunto de actores alineados en torno a principios y valores generales, que más adelante profundizaremos.

A un primer nivel le sigue un segundo nivel que podemos definir como el auténtico “cuerpo político” de las ideas y conceptos expresados en el discurso. Constituye el nivel donde fluye la información científica, el conocimiento y la opinión de los expertos y mantiene, respecto a las ideas de primer nivel una cierta correspondencia de polarización. Así lo pude observar en el análisis del discurso parlamentario, en el que dos grandes modelos de gestión cristalizaron la información científica manejada, el modelo de gestión de la oferta, del que se manifiestan más proclives las tendencias políticas más alineadas con el PP y el modelo de gestión de la demanda propio de las fuerzas políticas y actores alineados con el PSOE y otras fuerzas de la izquierda política.

Así podríamos expresar en el siguiente cuadro las polarizaciones del cuerpo político de segundo nivel.

Tabla 12. Estructura que subyace en el debate político del agua. Fuente: Elaboración propia. 2006

Tecnologías ingenieriles tradicionales, Trasvases, Presas, Embalses
Nuevas tecnologías del reciclado y desalación
Mayor centralidad
PP-PSOE
IU.
Menor centralidad
Dcha. Regional./nacionalista
Izqda. Regional./nacionalista


Otra de las cualidades que podemos apreciar en el nivel discursivo es su papel como acelerador del intercambio de ideas entre los actores de las respectivas coaliciones, facilitando el manejo de dicha información y permite la revisión de las posiciones sin mostrar debilidad o fragilidad por parte de las respectivas fuerzas políticas.

Finalmente, un tercer nivel de los contenidos analizados es expresado por los temas de implementación, número de infraestructuras, financiación, instalaciones puntuales y otras cuestiones de nivel básicamente neutral desde el punto de vista del debate pero que contribuyen a, por un lado, apoyar las perspectivas generales a las que se les quiere dar prioridad, más o menos ambientalistas, más o menos financiadas, o más o menos comprometidas con determinadas orientaciones prácticas. Por otro lado, suponen un terreno “multiuso”, terreno compartido por todas las fuerzas políticas, o utilizado más o menos por todas ellas.

Sin embargo, conocer los niveles en los que funciona un determinado cuerpo de ideas no nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo se desarrolla la acción de debatir, influenciar, difundir o modificar la orientación de la política del agua.

Para ello debemos analizar el concepto de “coaliciones promotoras”.


LOS ACTORES


En el análisis de los actores intervinientes  en el subsistema de la política del agua en España, hemos podido distinguir dos grandes grupos. Los actores institucional-organizacionales y los actores particulares.


 Hemos aplicado esta distinción para apoyar el principio de la acción institucional en tanto en cuanto conjunto de actores vinculados a través de un conjunto de normas que contribuyen a formar, debatir y difundir un determinado cuerpo de ideas, valores, principios, creencias o concepciones generales de la política del agua. Es decir, entendemos que el concepto de institución debe ampliarse y relajarse desde una concepción rígida, vinculada exclusivamente a las organizaciones del Estado, hacia una visión amplia de los actores que actúan con coherencia en la formación de una orientación de la política pública.

Por tanto los actores pueden ser organizaciones públicas o privadas, por un lado, (Confederaciones Hidrográficas, Consejos del Agua) o particulares, (Fundaciones, partidos políticos, asociaciones de usuarios, Congresos científicos o figuras significativas de la comunicación, medios de comunicación o interesados en la problemática específica de la gestión del agua. (ABC, El País)).