EL SUBSISTEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL AGUA

Las coaliciones que se han formado en torno a la política pública del agua en España, se han agrupado en dos grandes bloques. La coalición que defiende la acción protagonista del Estado en la gestión de la política hídrica y la vinculada con la política de gestión interterritorial, así como con la autoridad y legitimidad del Estado frente a una competencia subordinada atribuida a las Comunidades Autónomas. Fuera de ese nivel de grandes pronunciamientos, el verdadero cuerpo político de esta coalición, se expresa favorable a un modelo de gestión predominantemente de oferta, de precios reducidos y de apoyo selectivo a las actividades económicas que demandan un aumento del suministro del recurso, asimismo consideran que el agua de los ríos es desperdiciada si no se utiliza para dichas actividades. Entre los actores que participan de dicho cuerpo de ideas están, principalmente, las comunidades de regantes o usuarios agrícolas, los grupos de presión económicos (empresas hidroeléctricas, constructoras, cementeras), y parte de las organizaciones que conservan una determinada cuota de acción administrativa sobre los organismos de cuenca (Confederaciones hidrográficas, Sociedades de Gestión del Agua) y los partidos políticos (PP, y la derecha nacionalista). Medios de comunicación, como el ABC, por ejemplo.

Del otro lado, la defensa del ecosistema como forma de defensa de los derechos territoriales, o la sostenibilidad como modo de regulación de la acción económica del Estado, así como un mayor protagonismo del Estado en su papel de re equilibrador social, especialmente en el apoyo de las administraciones autonómicas. Pero también cristalizan en un cuerpo político definido en torno al llamado modelo de gestión de la demanda, consistente fundamentalmente, en la concienciación ciudadana y la potenciación de nuevas tecnologías vinculadas con la recuperación (depuración) de aguas residuales, de origen marino o subterráneo, así como una disminución de las infraestructuras superficiales (embalses, trasvases) y la potenciación de políticas de precios u otras fórmulas (Bancos de aguas) que permitan reutilizar los recursos bajo condiciones ecológicas o económicas cambiantes. Entre los actores más destacados en estas coaliciones: Las asociaciones ecologistas o medio ambientalistas, las asociaciones de afectados (pantános, desalojados, etc.), algunos medios universitarios o fundaciones vinculadas al mundo universitario (La Fundación “Nueva Cultura del Agua”, Zaragoza, por ejemplo), algunos medios (El País, se ha manifestado más favorable hacia valores conservacionistas y de sostenibilidad) y partidos políticos (PSOE, IU y la izquierda nacionalista).

Asimismo, se han producido importantes debates, tanto en el Parlamento, como en los medios, como en la sociedad. Los pronunciamientos de asociaciones de empresarios de la construcción o comunidades de regantes (usuarios, actualmente) y las movilizaciones sociales de protesta contra el Plan Hidrológico Nacional (en Aragón, Cataluña) y las contra movilizaciones en Murcia y Valencia.

A nivel de partidos políticos, el oportuno giro que toma la coalición de gobierno PAR-PSOE en Aragón, contribuirá a solidificar en un estado de crispación las relaciones institucionales entre varias comunidades autónomas y las estrategia seguida por el PP que se apoyaba en pactos realizados con anterioridad en las Comunidades de Murcia y Aragón, así como los acuerdos que facilitaban el apoyo de las Comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha, para el paso del trámite del Consejo del Agua, se desestabilizó.

Finalmente el cambio de gobierno en el 2004, y el giro que toma el PHN, con la congelación del planeado trasvase del Ebro, o el conjunto de actuaciones previstas en el programa del nuevo gobierno, cargada de inequívocos propósitos de desarrollar políticas sostenibles para la gestión de la política del agua (AGUA, acciones para la gestión del agua), así como la nueva correlación de fuerzas a nivel autonómico ha ubicado la política del agua en un terreno muy vinculado a la opinión y posicionamiento de las administraciones autonómicas. El más importante impacto que se registra relacionado con la política del agua es la modificación de los estatutos de autonomía que intentan elevar a nivel de Ley orgánica las garantías de suministro para la satisfacción de sus propios proyectos territoriales.

En definitiva, se puede afirmar que en el en torno de la política del agua se ha producido un cambio en la orientación de la política del agua y que viene precedida de un proceso de asimilación de nuevos valores que son reconocidos aunque comprometan de forma desigual a los distintos actores.

Que se ha iniciado un cambio en el paradigma clásico de la gestión de este recurso, bajo el cuestionamiento de los principios de gestión establecido (de oferta) y la introducción de nuevas valoraciones producto de la reflexión conjunta de la sociedad y su participación en el debate social acaecido. Todo esto nos ha llevado a un nuevo panorama desde el que contemplar la política del agua, muy condicionado por las modificaciones en las líneas de acción del gobierno central y de los nuevos estatutos de autonomía, así como del creciente asentamiento de una conciencia social muy sensibilizada ante los cambios climáticos y la incertidumbre de escenarios futuros.

Todo ello no supone un giro de 180 grados respecto de la política seguida hasta ahora, ni tan siquiera que no se pueda producir un proceso de involución en la tendencia. Sólo supone que ya no podrá ser sobre aspectos cuantitativos o infraestructurales sino que habrá de tenerse en cuenta todos los factores, sociales, valorativos y técnico-científicos que continuarán interviniendo en la transformación del paradigma de gestión del agua en España.